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I.- MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL DE LA CONTRALORIA

1.1 ANALISIS DE LA POLITICA NACIONAL AMBIENTAL

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, la responsabilidad del Estado trasciende el garantizar abastecimiento y calidad de los recursos naturales, entendidos estos como elementos que soportan las actividades socioeconómicas o los servicios básicos para la población. Los recursos naturales se miran ahora de una manera más integral, como parte de un sistema natural global, De esta manera también es obligación del Estado generar las condiciones para que los procesos y funciones ecológicos se desarrollen sin graves interferencias.
Por esta razón, en varios de los Artículos de la Carta Política se incorporó la necesidad de atender el medio ambiente y la racionalización en el manejo de los recursos naturales.

Explícitamente se consagra como objetivo prioritario la integración de los puntos de vista, de la economía, la ecología y la sociología para diseñar una estrategia global que aplique sus principios generales. También prevee la condición de asegurar la participación efectiva de la comunidad en el diseño, formulación, ejecución y seguimiento de los planes y programas de desarrollo.
Siguiendo los planteamientos expuestos en la normatividad vigente, la política ambiental de El Salto Social se fundamenta en el desarrollo humano sostenible, como una manera de integrar estas dos perspectivas. Este concepto no difiere del desarrollo sostenible, que se define como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Allí queda implícita la limitación que imponen el Estado de la tecnología y la capacidad del medio para satisfacer las necesidades presentes y futuras (Diagrama Dimensión ambiental y social articulado a gobierno-población-territorio).

En la evolución de este concepto se encuentra el aporte hecho en la “Cumbre de la Tierra” (1992), donde se hizo referencia al desarrollo económico sostenible, habida cuenta de la estrecha relación que une la preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales con la conservación del hábitat, el mejoramiento de la calidad de vida y la viabilidad del desarrollo económico en el largo plazo (Diagrama de lo Económico).

En el Salto Social, la promoción del desarrollo humano sostenible tiene los siguientes objetivos:

Promover una nueva cultura de desarrollo: se busca reemplazar la conducta de explotación con criterios utilitaristas de corto plazo por una visión que integre la equidad, la justicia social y la participación ciudadana en un nuevo enfoque más amplio, capaz de ponderar la importancia del capital social y el capital natural al mismo nivel del capital económico. Bajo este principio integrador subyace la garantía de que, mediante la armonización de las tres esferas del desarrollo, se logra acceder una situación que es ventajosa en todo sentido, en relación con el acrecentamiento del capital económico.

Mejorar la calidad de vida: con especial atención hacia los sectores más vulnerables y marginados. Aquí se plantea la necesidad de dimensionar apropiadamente el capital social como parte integrante y crucial del desarrollo, ubicando al hombre como principio y fin del mismo, y no simplemente como su instrumento.

Una gestión ambiental sostenible: se resalta la necesidad de integrar las dimensiones urbana y sectorial en la gestión ambiental. Más concretamente se busca implementar acciones en lo sectorial, dentro del contexto de una política urbana (v.g. vivienda, agua potable y saneamiento básico, equipamiento y espacio público, transporte, etc.).

Consumo y producción limpias: mediante procesos de reconversión industrial menos intensivos y más eficientes en el uso de los recursos naturales: reducción de la contaminación y preservación de la integralidad de los suelos cultivables y las fuentes de agua.

Preservación de la biodiversidad: incluye la conservación de ecosistemas estratégicos y la protección de especies en peligro de extinción, así como el control a la comercialización de fauna y flora nativas, y a la expansión de la frontera agrícola con grave perjuicio para el equilibrio del medio ambiente.
En este marco, como una manera de contribuir a la discusión sobre la viabilidad de política ambiental en el Municipio, se presenta en esta parte un análisis de la estrategia adoptada para construir la hipótesis de trabajo en la construcción social de región que se aborda en dos secciones. En Primer lugar, se presenta una interacción a la política ambiental desde dos perspectivas complementarias. En parte de la presentación de algunos de los avances más importantes en la consolidación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), información que se enfrenta a una evaluación de la eficiencia del gasto, vía análisis de la ejecución presupuestal tanto de las entidades comprometidas en esta labor, como de los programas incluidos en el presupuesto de inversión.

En segundo lugar se muestra las interelaciones entre lo ambiental, lo económico y lo social, seleccionando para cada una de estas dimensiones su correspondiente eje ordenador, así: El eje ordenador de lo ambiental está representado en la sostenibilidad de la dotación natural y el ordenamiento del territorio. Para la dimensión económica fortalecer los sistemas productivos primarios, manufactureros y de servicios hacía procesos agroindustriales y en lo social el eje ordenador está representado en la formación de actores sociales para el desarrollo.

Las tres dimensiones están reguladas y normatizadas por las políticas de gobierno para el uso y aprovechamiento del territorio en el cual está asentada una población determinada, función básica para ejercer el Control Fiscal de gestión y resultados de las entidades involucradas en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del ambiente. En síntesis se trata de aprovechar la oferta natural mediante procesos de transformación económica para satisfacer las necesidades sociales de la población, lo anterior bajo los parámetros de análisis de influencia ejercida y recibida de los actores sociales, recursos, cultura, procedimientos de las instituciones en un entorno.
FUENTE: FIGUEROA GUERRERO, Rodrigo A. Hipótesis para la Construcción Social de Región en Nariño. “FUNDAR”, 1998.

1.2 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

En los últimos años el país ha venido cambiando sustancialmente su modelo de desarrollo económico y social, con importantes reformas políticas, administrativas e institucionales; un aspecto fundamental de esta transformación ha sido el proceso de modernización, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la Nación y por analogía a las Contralorías Territoriales, concebida para afianzar como política de estado el Control Fiscal, dado su carácter de función pública, la cual vigila la gestión fiscal y de resultados de la Administración Pública, de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado, en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal.
Buscando garantizar dicho proceso, la Constitución Política de 1991 ha otorgado particular énfasis a la responsabilidad ambiental de las Contralorías en la elaboración de informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Los principios consignados en la nueva Constitución Colombiana consagran para toda la población y las generaciones futuras el derecho a un medio ambiente sano y la responsabilidad del Estado a garantizarlo.

Además existe concordancia en diversos artículos que definen la obligación que tiene el Estado “... es deber del Estado proteger la diversidad e integridad de ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos.

(Artículo 79). De igual manera se consigna que será objetivo fundamental del Estado el desarrollo de actividades que propendan por la solución de las necesidades insatisfechas: de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable.

Para tal efecto en los planes y presupuestos de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
De igual manera consagra como derechos y deberes de los ciudadanos la preservación y protección de los recursos culturales, naturales y el ambiente de su territorio y la vigilancia a través de las veedurías ciudadanas para la conservación de un ambiente sano.

Así mismo, se requiere la interactuación del Estado gobierno municipal y de la sociedad civil organizada participar en los procesos de planificación, “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución... Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”.

Es conveniente reflexionar sobre la función constitucional que le permite a la Contraloría ejercer el principio de jurisdicción coactiva mediante el cual puede perseguir a los infractores de las normas ambientales sin tener que acudir al juez ordinario. Si bien esta facultad es para la Contraloría una herramienta; se debe anotar que este derecho ambiental la coacción posterior puede resultar ineficaz pues con ella no se compensan los daños irreparables que sufre el entorno, según lo consigna el informe de la Contraloría General de la República sobre la valoración de los costos ambientales.
En síntesis la Contraloría no solo debe vigilar el uso o explotación que se le da a los recursos naturales y al medio ambiente mediante la evaluación de la gestión ambiental de las entidades públicas y privadas, sino también debe hacer énfasis “en la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración con lo que se le responsabiliza por la verificación del cumplimiento y la efectividad de los proyectos que involucren la dimensión ambiental. Los resultados de esta función se deben presentar a los cuerpos colegiados de las entidades territoriales en el denominado Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente.

1.3 NORMATIVIDAD BASICA PARA EL CONTROL FISCAL

La Política de Estado del Control Fiscal ambiental se fundamenta básicamente en la ley 99 de 1993, por la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental, la Ley 42 de 1993 del Control Fiscal y la Ley 106 de 1993 referida a la modernización, organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República.
La Ley 99 es el marco donde se guía y define los principios fundamentales de la política ambiental, reglamentados por el SINA, el cual busca integrar y coordinar las acciones e instituciones relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales.

La Ley 99 en concordancia con la Ley 42 especifican las funciones que deben desarrollar los organismos encargados de los recursos naturales y la protección del ambiente y el papel de la Contraloría en la valoración de los costos ambientales, los cuales se describen así:
Ley 99 de 1993 artículo 5 número 8; define el rol de las entidades encargadas del manejo de recursos naturales y protección del ambiente “evaluar los alcances y efectos económicos de los factores ambientales, su incorporación al valor de mercado de bienes y servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economía nacional y el sector externo; su costo en los proyectos de mediana y grande infraestructura, así como el costo económico del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y realizar investigaciones, análisis y estudios económicos y fiscales en relación con los recursos presupuestales y financieros del sector de gestión ambiental y con los impuesto, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos con él relacionados”. El numeral 43 “ establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables”.

Ley 42 de 1993, capítulo 1: Principios y sistemas. Artículo 8. “La vigilancia de la gestión fiscal del estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales. De tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recurso sea la más conveniente para maximizar los resultados que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas, así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales entre las entidades territoriales, para cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, o conservación, uso y explotación de los mismos”.

Ley 106 de 1993 – artículo 66 de organización y funcionamiento de la Contraloría. Para cumplir tal propósito, la Contraloría General conformó un equipo técnico especializado en la temática ambiental donde participan “la dirección de economía y finanzas públicas y las unidades de valoración de costos ambientales de las direcciones del sector agropecuario y de recursos naturales,.. . de infraestructura, industria y desarrollo regional, la oficina de planeación, las unidades de valoración en la Contraloría son las directas encargadas de evaluar la cuantificación y valoración ambiental”.
La pronta reglamentación de la valoración de los costos ambientales le permitirá a la Contraloría exigir técnicamente la incorporación de la dimensión ambiental en los proyectos de la Administración Municipal, departamental y nacional y en aquellas del sector privado que manejen recursos estatales y cumplir de esta forma con su función ambiental estimada en la Ley 42/93 y concordante con la Ley orgánica del plan de desarrollo o Ley 152 de 1994 que contiene los principios de sustentabilidad ambiental:

“Para posibilitar un desarrollo socioeconómico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”.
En conclusión las Contralorías hacen parte fundamental del proceso de control del modelo económico de desarrollo sostenible, cuenta con las disposiciones legales para hacer cumplir su función y por pertenecer al Sistema Nacional Ambiental, también participa en las decisiones ambientales del país y de sus entidades territoriales, por esta razón se considera de suma importancia construir mecanismos y herramientas que señalen la ruta a seguir para las entidades relacionadas con la actividad ambiental.

1.4 EL REFERENTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE IPIALES

La Contraloría Municipal de Ipiales es un organismo de control, de carácter técnico, dotado de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. No tendrá funciones administrativas diferentes a las que se desprendan el manejo de su propia organización.

VISION. La visión de la Contraloría Municipal de Ipiales, es lograr la excelencia en el ejercicio del Control Fiscal aplicando de manera objetiva sus principios y sistemas, manteniendo el constante compromiso de liderazgo, con talento humano altamente calificado y capacitado en permanente actitud de aprendizaje, gran sentido de responsabilidad sobre nuestra misión y conscientes de las transformaciones que debemos emprende para lograrla.

MISION. La Contraloría Municipal de Ipiales tendrá como misión ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la Administración Municipal, de sus Entidades Descentralizadas en todos su grados y de los particulares que administren fondos y bienes públicos de carácter Municipal, para evaluar mediante los diversos sistemas de control, la eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente, fomentando la democracia participativa en el ejercicio de la vigilancia, la firmeza de la excelencia, la tolerancia y la aplicación de los principios de igualdad, moralidad e imparcialidad, para garantizar a los ciudadanos de Ipiales un efectivo control sobre la Administración Municipal en forma independiente, profesional y transparente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Generación de una nueva cultura para el control, a través de un ajuste institucional al interior de la Contraloría.
Desarrollo del talento humano hacia un alto nivel profesional, operando un cambio sustancial en el recurso humano encargado de cumplimiento de la misión institucional.
Efectuar un control por sectores que fortalezca la cobertura del Control Fiscal, mediante la sectorización de las entidades sujetas al mismo.
Desarrollar sistemas de Control Fiscal, según la naturaleza de las entidades fiscalizadas orientadas a obtener óptimos resultados con mayor eficiencia, economía e imparcialidad.
Vigilancia de la Gestión Fiscal, fundamentada en los principios de eficacia, economía, eficiencia, equidad y valoración de los costos ambientales.
Promover una Democracia participativa que dimensionará el Control Fiscal, como la apropiación colectiva por parte de los ciudadanos.
Aplicación de los principios de independencia e imparcialidad en la labor que desarrolla la Contraloría.

Planificación y tecnificación con criterio prospectivo y estratégico, optimizando los recursos humanos y físicos para garantizar la calidad en los servicios que presta la Contraloría.

POSTULADOS QUE ORIENTAN LA FISCALIZACION MODERNA

Los objetivos de la Contraloría Municipal de Ipiales estarán enmarcados dentro de los postulados que orientan la fiscalización moderna:

Lo primero es la Comunidad: Definir a la comunidad como centro de su actuación, dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de los servicios.
Constante aprendizaje: Principio rector de la competitividad de la organización.
Trabajo en equipo: Parámetro fundamental para optimizar recursos y lograr la eficiencia productiva.
Enfoque sistémico: Interdependencia y armonización permanente de los instrumentos, elementos, recursos y conceptos en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Mejoramiento continuo: Búsqueda permanente de la excelencia.
Valor agregado: Culturización sobre realización de actividades que generen valor al proceso.
Alta tecnología: Adaptación permanente a los avances tecnológicos para mejorar la productividad.
Adaptación permanente al cambio: Eliminando viejos paradigmas de dirección y poder, acercándose a un pensamiento sistémico y estratégico.
Satisfacción del cliente: Como epicentro de la actividad fiscalizadora de la Contraloría Municipal de Ipiales.

DEPARTAMENTO AMBIENTAL Y DE PROMOCION DE VEEDURIA CIVICA

OBJETIVO GENERAL

Ejercer la vigilancia a la gestión fiscal de la Administración Municipal, sobre los recursos financieros destinados para el manejo, protección, conservación y recuperación del patrimonio natural y ambiental del Municipio de Ipiales, basada en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales y la valoración del impacto ambiental por el uso o deterioro de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Formular y consolidar una política de participación ciudadana en el ejercicio de la vigilancia fiscal.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Elaborar un informe anual sobre el estado actual de los recursos naturales y el medio ambiente en el Municipio de Ipiales.
Analizar y evaluar las políticas ambientales de los entes fiscalizados
Vigilar la aplicación de los planes y proyectos trazados por las entidades fiscalizadas destinados al manejo, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Ejercer el Control Fiscal en su competencia ambiental.
Evaluar cuantitativa y cualitativamente el impacto ambiental que las acciones de los entes fiscalizados tienen sobre el conjunto de los recursos naturales y ambientales.
Promover la vinculación y la participación comunitaria en el control de la gestión administrativa.
Realizar con la comunidad, tareas de difusión de las labores propias del Control Fiscal.

MISION

En el Departamento Ambiental y de Promoción de Veedurías Ciudadanas de la Contraloría Municipal de Ipiales, somos un grupo de trabajo comprometido en la construcción de una nueva cultura ambiental aplicando los principios del Control Fiscal a las instituciones involucradas en la administración y aprovechamiento de los recursos naturales y la protección del ambiente, interactuando con las comunidad organizada en procura de un desarrollo sostenible.


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